¿Cómo se regula hoy la publicidad del juego en Argentina?
Argentina es un país federal donde la regulación del juego es una “competencia no delegada” que corresponde a cada provincia. No existe una regulación publicitaria nacional: cada jurisdicción tiene marcos distintos que además cambian con frecuencia. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con la Ley 6.330 que aborda temas de publicidad para casinos en línea de Argentina y apuestas presenciales.
La única intervención nacional llega a través de la ley de telecomunicaciones, que obliga a los medios a verificar que los anunciantes de apuestas o juegos casino online tengan la debida autorización para operar.
¿La responsabilidad recae entonces en los medios?
En parte sí, pero también en las propias empresas, que deben ajustar sus políticas publicitarias a las normas de cada provincia. Durante el Mundial de Clubes de la FIFA, los anuncios de casas de apuestas mostraban tres logos de diferentes reguladores y tres mensajes de juego responsable, porque cada jurisdicción tiene sus propios requisitos.
¿Falta coordinación regulatoria?
Sí, y es un problema típico cuando se trata de juego online interjurisdiccional que no reconoce límites geográficos. Sin embargo, en Argentina cada provincia fija sus reglas: no se puede acceder a una página licenciada en CABA desde la Provincia de Buenos Aires y viceversa.
¿Qué rol juegan los influencers?
El año pasado, ALEA (Asociación de Loterías Estatales de Argentina) publicó un estudio mostrando que los menores acceden al juego principalmente a través de influencers, y no por la publicidad en camisetas o estadios de fútbol. Como los menores solo pueden ingresar a sitios ilegales —que representan más del 90% del mercado argentino— la responsabilidad de los influencers es clave para transmitir mensajes de juego responsable y cumplir con la normativa.
Existe gran confusión social sobre qué es legal y qué no. Muchos no distinguen un sitio legal de uno ilegal, aunque en Argentina los legales terminan en .bet.ar, mientras que los ilegales no.
¿Dónde recae la responsabilidad de los influencers?
Las empresas legales hacen controles previos y rechazan a influencers que antes promocionaron sitios ilegales. Los influencers deben elegir de qué lado posicionarse: en Argentina, el juego está autorizado o prohibido, no hay “grises”. Promover sitios ilegales puede afectar incluso a sus otros clientes.
Dado que son un canal directo con audiencias jóvenes, su rol es vital: deben reforzar el mensaje de que el juego es entretenimiento, fomentar la participación responsable y dar acceso a ayuda si el juego impacta en la salud mental, relaciones o finanzas.
¿Hay resistencia a la promoción del juego?
No hay resistencia general, pero sí división de opiniones por desconocimiento. Muchos medios digitales dicen “no recibimos dinero del juego” como postura moral, pero no distinguen entre el juego legal y el ilegal. Esa confusión social es central.
- Prácticas prohibidas incluyen:
- Minimizar el valor del trabajo frente al juego.
- Prometer riqueza inmediata.
- Sugerir apostar para pagar deudas.
Ejemplos recientes de influencers que promovían pagar citas con ganancias de apuestas causaron rechazo social y fueron corregidos rápidamente.
¿Sanciones o educación?
Las sanciones no siempre son lo ideal: el objetivo es lograr cumplimiento normativo y sostenibilidad del ecosistema. Cada anuncio incorrecto amenaza al sector en su conjunto, ya que la gente no distingue entre legal e ilegal.
CABA ya persiguió un caso importante contra influencers que promocionaban juego ilegal, lo que redujo drásticamente esos anuncios y dejó claro que en Argentina las empresas son legales o ilegales, sin punto medio.
¿Qué debería hacer el país hacia adelante?
El sector enfrenta el desafío de comunicarse más allá de sí mismo y llegar a la sociedad. Los problemas de menores reflejan deficiencias de canalización, ya que ellos solo acceden a sitios ilegales.
Otro reto es la unificación de lineamientos. Hoy existen múltiples mensajes de juego responsable y teléfonos distintos, lo que genera ruido en la publicidad. ALEA inició un código de buenas prácticas que podría adoptarse de manera más uniforme.
La salida debe surgir de acuerdos entre provincias, no del Congreso Nacional. El sistema federal funciona, pero requiere coordinación mediante instituciones como ALEA.
¿Qué puede hacer el Congreso?
El Congreso no regula el juego, pero sí puede actuar en materia penal. En noviembre de 2024 se aprobó parcialmente un proyecto con condiciones de licencias y restricciones publicitarias, competencias que son provinciales.
Lo que sí puede hacer es corregir el Código Penal y darle a ENACOM herramientas de bloqueo administrativo más ágiles. Hoy, aunque el Artículo 301 bis declara ilegal el juego no autorizado, hay resistencia bajo el principio de neutralidad de red.
¿Qué medidas concretas son necesarias?
- Fortalecer a ENACOM con herramientas dinámicas de bloqueo.
- Mejorar la coordinación con ALEA, que puede determinar si un sitio está autorizado.
- Reducir la demora judicial: actualmente bloquear un sitio puede tardar semanas, mientras que los ilegales replican “espejos” en horas.
¿Qué papel tienen las empresas legales?
Es necesaria una acción conjunta público-privada. Las compañías ya invierten mucho, pero enfrentan escepticismo mediático. No se trata de lobby, sino de explicar las consecuencias de las decisiones regulatorias.
El problema real es que 90% de la demanda fluye por sitios ilegales, que no validan datos, no controlan edad ni pagan impuestos. Combatirlos es esencial para sostener la industria y garantizar entretenimiento regulado que aporte a la sociedad.
Como concluye García Botta: “No se trata de ser pro-juego, sino pro-sociedad. Prohibir una actividad que siempre existió solo favorece la oferta ilegal.”
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